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Justicia: reforma equivocada

Mariano Fernández Valle. Abogado, integrante del área de justicia de CIPPEC , para Clarín

Mucho se ha dicho acerca de la controvertida reforma del Consejo de la Magistratura. Como se sabe, la reforma constitucional de 1994 tuvo, entre otros objetivos, atenuar las formas hiperpresidencialistas que dominaron nuestra vida política.

Para ello, los constituyentes contemplaron por lo menos cuatro salvaguardas institucionales: la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, la reglamentación de la delegación legislativa del Congreso en el Poder Ejecutivo, la creación del jefe de Gabinete y la constitución del Consejo de la Magistratura.

Las primeras tres decisiones constitucionales, por diversos motivos, fueron devastadas por nuestra práctica institucional posterior. Existe un claro vaciamiento legislativo. El Congreso delega sus facultades cada vez que el Ejecutivo lo requiere, nunca ha controlado efectivamente el dictado de decretos de necesidad y urgencia, ni ha forzado a que el jefe de Gabinete se convierta en el enlace entre ambos poderes.

La reducción de miembros del Consejo de la Magistratura y el aumento porcentual de la composición política, principalmente la oficialista, constituye la partida de defunción de la cuarta de las salvaguardas constitucionalmente contempladas.

Ese Consejo se creó precisamente para morigerar el peso de las mayorías en el proceso de selección de jueces y, de esta forma, garantizar su independencia del poder político.Resulta un contrasentido el proyecto impulsado en cuanto otorga gran poder a las mayorías en el órgano que tiene el deber de seleccionar a quienes luego deberán contrapesarlas. La República es la salvaguarda contra el abuso. En ella todos debemos tener una dosis de poder, mayorías y minorías.

Nuestra práctica demuestra que las mayorías ya pesan en el Congreso y en el Ejecutivo; no pueden entonces también hacerlo en el Poder Judicial. Si se trata de darle más legitimidad democrática al Consejo, como se señaló desde el oficialismo, entonces debería pensarse de qué forma ampliar allí el número de minorías, y no de reducirlo como se pretende.

No se comprende la premura para sancionar este proyecto cuando realmente son muy fuertes y diversas las voces disidentes.La democracia puede darse el lujo de esperar un poco más y abrir un serio e imprescindible proceso de diálogo.