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Un largo sueño incumplido

Mientras algunos proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso son aprobados con inusitada urgencia y escaso o nulo debate previo, una cuestión que ha sido considerada esencial para el sistema institucional argentino, como la tan mentada reforma política, sigue durmiendo un largo sueño y nada parece indicar que tal letargo se interrumpirá. A comienzos de febrero de 2002, 23 mandatarios provinciales, entre ellos el entonces gobernador de Santa Cruz y actual presidente de la Nación, entendieron que era ineludible "promover un proceso de transformaciones sustanciales en el sistema político argentino". Lo hicieron a través del llamado "Acuerdo federal para la reforma del sistema político argentino". Allí se expresaba que "la hora impone transformaciones profundas del marco institucional como producto de un consenso federal amplio con los principios y mecanismos constitucionales y legales vigentes y reconociendo que ha devenido en ineludible la concreción de la postergada reforma del sistema político, perentoriamente reclamada por el pueblo argentino".

La denominada reforma política, cuyo contenido adquiere formas y contenidos diversos según quienes sean los que hablen de ella, surgió como una cuestión que no admitía dilaciones ni esperas luego de la grave crisis que provocó a fines de 2001 la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. Cuestiones tales como el tratamiento y la sanción de leyes que reglamentan las campañas y el financiamiento de los partidos; garantizar su transparencia mediante un efectivo sistema de control de aportes y gastos; el establecimiento de sistemas que faciliten el libre acceso de la ciudadanía a la información para favorecer el control social de los actos de gobierno; el impulso de mecanismos de consulta y democracia semidirecta contemplados en la Constitución para posibilitar una mayor participación ciudadana, y la modificación de la llamada lista sábana por algún mecanismo que aumentara el grado de libertad del elector en la selección de los candidatos fueron consideradas algunas de las prioridades esenciales para dicha imprescindible reforma política, que fueron objeto del mencionado acuerdo suscripto por los gobernadores y el entonces presidente de la Nación, Eduardo Duhalde. Sin embargo, poco parece haber quedado de aquel compromiso público.

La Mesa del Diálogo Argentino, meses más tarde, recogió los consensos expresados en su seno por los más diversos actores sociales, políticos e institucionales, confiando en que ello contribuiría a recuperar el valor de la palabra empeñada y la paz social. Se insistió en el documento entonces presentado -entre otros aspectos- en la necesidad de preservar los derechos de las minorías, estimular la participación popular y el amplio debate público de las cuestiones de interés general. Se coincidió en la necesidad de cumplir con las leyes ya existentes sobre financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, efectuar una genuina depuración de las afiliaciones que no responden a la realidad y proceder a la elección de nuevas autoridades partidarias por voto directo y con respeto por la representación de las minorías.

Hoy las leyes necesarias para impulsar una auténtica reforma política no se sancionan y los controles sobre el financiamiento de partidos y campañas políticas parecen no existir. Mecanismos clientelistas impulsados, entre otros medios, por planes sociales cuya adjudicación es a menudo poco transparente siguen asegurando los "votos en cadena" y mantienen cautivo a un porcentaje de los electores de condición más humilde. Pocos se proponen reformar o revisar el sistema y un número inusitado de afiliaciones partidarias escasamente creíble parece no preocupar a muchos en tanto el número de afiliados, además del papel que cumple en las elecciones internas, es un criterio de distribución de cargos en la estructura de poder del partido. Por otra parte, la inexistencia de una ley de libre acceso a la información pública; la persistencia de un sistema electoral que impide la apertura (candidatos independientes) y el desbloqueo de las llamadas listas sábana; la violación de la ley a través del desarrollo de campañas políticas llevadas a cabo a través de actos oficiales -en algunos casos sin la presencia siquiera de los candidatos- o con el uso de recursos públicos como el helicóptero presidencial o el auxilio logístico de empleados públicos son algunas de las cuentas pendientes que el sistema político tiene con la ciudadanía y sobre las cuales el Gobierno nunca dio una explicación.

Cuestiones bastante elementales como modificar el sistema de impresión y distribución de boletas electorales o la instrumentación del voto electrónico son demoradas quizá porque mantener el actual statu quo en este aspecto posibilita o favorece mecanismos de fraude electoral o al menos asegura el mantenimiento de un fuerte clientelismo político que termina debilitando cada vez más el sistema representativo. La fragmentada oposición, compuesta en muchos casos por "microemprendimientos políticos" que enmascaran un uso falaz del concepto de pluralismo, también tiene responsabilidad esencial en este tema, que alcanza al Poder Legislativo, al Judicial, a los organismos de control, a los partidos políticos, a la prensa y a la sociedad en su conjunto.

Es necesario recuperar una ambición nacional que aliente a la clase política a actuar con la preocupación puesta en el bienestar de los ciudadanos antes que en meras mezquindades partidarias, con la mira puesta en una mejor calidad institucional. Ese parece ser el desafío.

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