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Discapacidad, una Deuda Social

El Estado es el que está ciego, sordo y prácticamente inmóvil

No cumple ni hace cumplir las leyes que protegen a las personas con discapacidad. Así, más de dos millones de personas enfrentan obstáculos para transitar, estudiar, trabajar o cuidar de su salud. Durante tres semanas, Clarín convivió con sus problemas y sus luchas por salir adelante.

Pablo Calvo, pasra Clarín del 7 de mayo de 2006

La luna se había escondido y la princesa flameaba, como una vela en el viento. La Banda Sinfónica de Ciegos la esperaba hacía cuatro horas en un rincón del Correo Central. Iban por caminos desencontrados pero, diría Borges, se buscaban como ciegos sus dos soledades. El vértigo del protocolo le imponía a Lady Di esquivar ese concierto para llegar a tiempo a una cena. Corría, la hacían correr, pero un susurro la detuvo. Diana Spencer congeló el apuro de los funcionarios argentinos y escuchó a su corazón. Fue en busca de los músicos y ellos al fin pudieron regalarle una canción de los Beatles: Let it be. Pasaron 11 años de aquel instante, pero ninguno pudo olvidar la suavidad de esas manos. Es tarde de ensayo en San Telmo y el perfume de aquella noche estrellada se hace presente en la sala. Igual que la realidad, porque hoy, el problema de las personas con discapacidad sigue siendo el mismo: casi nadie quiere escucharlos.

Con manos que atesoran la caricia de una princesa, los músicos saludan a Clarín y comienzan a tocar El Fantasma de la Opera. Se hace un silencio y luego brota la enumeración de sus problemas: pese a ser una banda única en el mundo, no es invitada con frecuencia a los programas de la Secretaría de Cultura de la Nación; ellos usan el mismo uniforme de hace seis años; y empiezan a acostumbrarse a suspender conciertos porque no reciben plata para los viáticos. Encima, después de 30 años de equiparación salarial con los músicos que ven, un decreto de enero los bajó de categoría.

Soplan con bronca sus trompetas, clarinetes y oboes, discuten sobre la calidad del musical Evita y rápido vuelven a la partitura sindical: que les robaron instrumentos y no se los repusieron, que nunca pudieron salir de gira fuera del país y que ni siquiera los invitaron a tocar al Salón Blanco de la Casa Rosada. Con un repertorio sinfónico de 250 obras, aprendido en Braille, estos 70 ciegos que deslumbraron a Lady Di, en noviembre de 1995, hoy se sienten discriminados.

Es una sensación que recorre el universo de las 2.176.123 personas con discapacidad que viven en la Argentina, donde existe una legislación moderna —"casi para Suecia", según la presidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados—, pero que tiene un serio inconveniente: no se cumple.

Una ley, por ejemplo, reserva el 4 por ciento de los puestos de trabajo de las oficinas públicas a personas con discapacidad, pero nunca fue reglamentada y el cupo laboral no se cubre en ningún lado, revelaron a Clarín los gremios estatales. La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, que fue presentada el año pasado y es la medición más actualizada sobre el tema, estimó que el 73,9 por ciento de las personas en condiciones de trabajar están desocupadas.

El Plan Nacional de Accesibilidad, a su vez, fue pensado para que en la Argentina no se ponga un ladrillo sin antes especificar por dónde pasarán los hombres, mujeres y niños en sillas de ruedas. Pero sólo adhirieron al plan 200 de los 2.172 municipios que hay en el país y todavía no han concretado sus compromisos en obras públicas accesibles. Según la organización no gubernamental Acceso Ya, el 57 por ciento de los bancos del microcentro y el 75% de las escuelas porteñas presentan problemas de acceso. Hasta la Casa Rosada fue apercibida por falta de rampas, lugares de circulación y baños para personas con movilidad reducida, en una actuación del defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. El ombudsman va más allá, al sostener que "no existen en el país políticas públicas adecuadas para los discapacitados".

"Todo es un largo peregrinar que comienza con el nacimiento de un chico con discapacidad. Ningún hospital está preparado para contener a los padres, los médicos evitan dar un diagnóstico, no te explican qué hacer, y uno vuelve a casa sin saber cómo sigue la vida, en la incertidumbre total", relata Celina, una mamá que se esfuerza por encontrar salidas a cada laberinto que le ponen en el camino. Es por eso que su hijo de 13 años, que tuvo estimulación temprana para superar su discapacidad (microcefalia), se hace de amigos en dos minutos y logra una integración que no consiguen chicos con menos apoyo. "Uno se da cuenta después que la contención familiar es clave y que ninguna institución del Estado está preparada para desempeñar ese rol", señala.

El nene juega y Dora, la mamá de un joven sordo, convida tarta de manzanas antes de contar lo suyo: "Lo importante es buscar la integración de los chicos con el resto de la sociedad. Muchos pueden ir a escuelas comunes y eso los hace avanzar más que si van a un colegio para sordos".

Para comenzar a ejercer sus derechos, las personas discapacitadas deben sacar un certificado oficial, mediante un trámite que se asemeja a una carrera de obstáculos, con hasta nueve meses de demora. "Conseguimos turno el invierno pasado, pero mi hijo será revisado por una junta médica recién este mes", cuenta Patricia, en las grises calles de Barracas. Un minuto de demora es un minuto sin derechos para la persona con discapacidad.

Llegar al Servicio Nacional de Rehabilitación —el único lugar de la Capital donde se expiden estas constancias, pese a que los hospitales públicos también podrían hacerlo— no es garantía de avances. Allí, en los bosques de Palermo, uno puede toparse con turnos falsos o gestores que se ofrecen para agilizar la obtención del certificado a cambio de dinero, cuando el trámite es gratuito.

El certificado sirve para solicitar un pase libre en el transporte público de pasajeros, hacer trámites vinculados al régimen de asignaciones familiares, obtener el logo del símbolo internacional de acceso para el automóvil y la exención de patentes y hacer cumplir las prestaciones de las obras sociales, que sólo tienen seis de cada diez personas con discapacidad. Por eso es grave que 1.770.709 personas (el 81,8% del total) todavía no cuenten con ese documento, según datos oficiales.

"Vendrán después los prejuicios de la sociedad. A mi hija, por ejemplo, los colectiveros no le creen que es sorda porque es bellísima. Es increíble, pero asocian la discapacidad con la fealdad, es un problema cultural". advierte Claudia Vidal, una lectora de Clarín que manda cartas al diario para detallar los incumplimientos de las empresas de transporte, sobre todo las de larga distancia, para con las personas con discapacidad.

El presidente de la Comisión para la Integración de Personas Discapacitadas del Gobierno, Jorge Mascheroni (en silla de ruedas por una poliomelitis que lo atacó a los 11 meses) asegura que por primera vez se están implementando políticas nacionales para atender esta larga pila de demandas, algo que cuestionan a coro las fuentes independientes consultadas por Clarín.

Cuando se le preguntó al funcionario cuál es el presupuesto total para atender a la discapacidad en el país, Mascheroni contestó: "Sólo Dios lo sabe". Es que los fondos están desparramados por los ministerios que abordan diferentes temáticas: la integración escolar, la atención de la salud, la asistencia social. La Fundación Par sumó los 19 programas vinculados a la discapacidad que aparecen en los últimos datos oficiales disponibles, del año 2003, y calculó que representan unos 635 millones de pesos anuales. "Es mucha plata, pero se pone mal", reconoce Mascheroni. No es tanta plata, calcula la Fundación Par: "Según el estudio que presentamos en el libro 'La Discapacidad en Argentina', el Estado gasta menos de un peso por discapacitado por día", señala Marina Klemensiewicz, directora de Comunicación y Desarrollo de esa organización.

Hay un fondo especial que recauda el dinero de las multas por los cheques sin fondos o mal confeccionados. El año pasado dispuso de 48 millones de pesos, pero lo increíble es que sólo gastó seis millones en financiamiento de proyectos para la población con discapacidad. El resto del dinero volvió al Ministerio de Economía y no llegó a las personas que lo necesitan.

En el Congreso llegó a funcionar una Comisión Bicameral Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Cheques, pero fue desactivada sin que produjera una sola investigación.

De todo este panorama se lamentaban María y César durante un paseo por la Recoleta, ayudados por muletas. El café La Biela estaba cerrado, así que se sentaron en un banco frente a la Iglesia del Pilar. La luna ya se había escondido. Recordaron la película Perfume de mujer, en la que el coronel Slade (Al Pacino) se sobrepone a la oscuridad de su ceguera, salva a un joven estudiante de una injusticia y termina ovacionado por adolescentes que empezaban a comprender los códigos de la vida. En eso lo intercepta una profesora y él le adivina la fragancia "Flores del arroyo", dice, y lo repite en francés. No sabe si alguna vez volverá a sentir su perfume, pero sonríe.