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Los impuestos sin representación

Los legisladores oficialistas han devuelto al Presidente el poder en virtud de cuyo abuso por la monarquía se fundaron los derechos individuales y comenzó la gestación institucional de la representación política moderna, sostiene el autor en referencia a la facultad de imponer "cargos específicos" en los servicios públicos.

Alejandro Bonvecchi, economista, docente universitario, para Clarín del 7 de mayo de 2006

La mayoría del partido de gobierno en el Congreso de la Nación ha consumado, casi 800 años después, la venganza de Juan Sin Tierra: la Argentina tendrá a partir de ahora impuestos sin representación. Los "cargos específicos" sancionados por el Senado comportan la destrucción del principio introducido en la Magna Carta de 1215: autorizan al Poder Ejecutivo a cobrar impuestos con tasas indeterminadas, por plazos indeterminados y con fines indeterminados.

De este modo, los legisladores oficialistas han devuelto al Presidente el poder en virtud de cuyo abuso por la monarquía se fundaron los derechos individuales y comenzó la gestación institucional de la representación política moderna. La institución parlamentaria, que nació precisamente para terminar con la arbitrariedad en la determinación del monto, el objeto, la duración y el destino de los impuestos, ha resucitado así la discrecionalidad ejecutiva en contraposición con la cual la representación política colegiada de base territorial tenía fundamento. El retroceso queda así transformado en innovación: en lo que respecta a la extracción y la administración de recursos de la sociedad, el único representante del pueblo es el rey.

Tres aspectos de esta notable decisión del Poder Legislativo merecen ser destacados. El primero es su falta de necesidad política. El partido de gobierno cuenta con las mayorías suficientes en ambas Cámaras como para aprobar nuevos impuestos como indican la Constitución y las doctrinas jurídicas: esto es, con tasas, fines y plazos determinados. ¿Por qué, entonces, hacer mal algo que podía hacerse bien? ¿Por qué tomar una decisión de cuestionable constitucionalidad y legalidad cuando el mismo objetivo podía alcanzarse respetando la Constitución y las leyes? ¿Acaso para evitar tapas de diarios anunciando aumentos de tarifas en los servicios públicos?

De haber sido así, la estrategia era desde el comienzo ingenua: un incremento en la luz y el gas votado por el partido de gobierno difícilmente podría haber eludido la atención de los medios de comunicación. ¿Habrá sido, en cambio, tal vez para rehuir la discusión pormenorizada en las Cámaras de las prioridades en obras de infraestructura que han de financiarse con estos impuestos y de sus condiciones de contratación, lo cual es posible mediante fondos fiduciarios de los cuales el Congreso carece de información suficiente y cuyas especificidades quedan sustraídas a la discusión del Presupuesto? Esta alternativa se presenta no sólo como más plausible sino también como más consistente con el patrón de delegación de poderes presupuestarios al Ejecutivo. Pero de ser esta la motivación, no es ya la necesidad política lo que subyace a la instauración de estos impuestos sin representación.

Insistir para consistir

El segundo aspecto destacable es la débil justificación de la decisión. Los "cargos específicos", según argumentó el partido de gobierno, contribuirán a financiar necesarias obras de infraestructura. Que numerosas e importantes obras en los sectores eléctrico y gasífero son necesarias quedó demostrado tanto por los diagnósticos especializados como por la admisión gubernamental de la existencia de una crisis energética. La pregunta, entonces, es por qué las obras no se iniciaron antes. Si la respuesta oficial a esta pregunta fuera la falta de fondos, la honestidad intelectual del argumento debería cuestionarse. ¿Acaso el Tesoro no ha venido cosechando un apreciable, inédito, creciente y presupuestariamente imprevisto superávit desde 2003? Con las pruebas de público conocimiento en la mano, retorna la pregunta: ¿Por qué no se destinó una parte de ese superávit a realizar esas obras de infraestructura?

Lo que insiste, sostienen los psicoanalistas, consiste, y lo que consiste es lo que merece cuestionarse: los destinos del superávit alcanzado, que el Ejecutivo decidió por su cuenta utilizando la táctica de la subestimación presupuestaria y los instrumentos estratégicos provistos por la delegación de poderes. Desde este prisma, la justificación de los "cargos específicos" luce débil.

El tercer aspecto a subrayar es la apuesta al acorralamiento institucional implícita en esta iniciativa. Es altamente probable que, ante la próxima inserción de los "cargos específicos" en las facturas de gas y electricidad, algunos consumidores o grupos de consumidores se presenten ante los tribunales para cuestionar su constitucionalidad. Se abriría entonces una instancia judicial que, probablemente, terminaría en la Corte Suprema. La Corte se encontraría así con la alternativa de, por un lado, declarar la inconstitucionalidad de estos impuestos sin representación y obligar al Congreso a sancionar una ley que los sustituya por verdaderos impuestos y, por otro, despojar de financiamiento a necesarias obras de infraestructura que, para el momento en que su decisión sea requerida, probablemente hayan comenzado a realizarse y, por ende, hayan dado lugar a la creación de derechos contractuales con empresarios y trabajadores. La apuesta implícita en esta decisión legislativa políticamente innecesaria y técnicamente cuestionable es que la lentitud del Poder Judicial sea tal que el costo de suspender las obras pese tanto como la existencia de impuestos sin representación en la balanza de la Corte Suprema.

Si, llegado ese día, la Corte dictamina la inconstitucionalidad de los "cargos específicos" y restaura la vigencia de uno de los principios fundamentales de la forma de gobierno representativa y republicana, no sólo habrá que saludar su independencia sino también la decisión del actual Presidente de promoverla allá en el alba de su mandato, como desde hace casi 800 años se saluda la memoria de Juan Sin Tierra: por las consecuencias no queridas de sus acciones.