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El empobrecimiento de los jubilados

Los jubilados se encuentran en una situación de fragilidad e injusticia creciente, que debe ser revertida sin dilaciones. Y para ello no hay que recurrir a recetas mágicas sino cumplir sin demoras las leyes y las sentencias firmes de la Justicia. En los últimos años se han hecho esfuerzos desde el Gobierno para elevar las jubilaciones mínimas. Así, aumentaron en septiembre del año último a 390 pesos –benefició al 68 por ciento de la clase pasiva–, un monto que hoy se ubica por debajo del valor de la canasta básica alimentaria por el efecto de la inflación. Sin embargo, alrededor de 200.000 jubilados cuyos haberes son de 1000 pesos o más no han tenido ningún beneficio de recomposición de haberes desde hace una década. En ese período el costo de vida se incrementó el 79,2 por ciento y la pérdida del poder adquisitivo ha sido estimada en el 44 por ciento. Otro conjunto de jubilados, cuyos haberes se encuentran por encima del mínimo de 390 pesos, pero no llegan a 1000 pesos recibieron en ese lapso sólo un 10 por ciento de aumento. En este caso, la pérdida de poder adquisitivo se ha estimado en el 39 por ciento.

Desde luego, para uno y otro conjunto de jubilados el nivel de sus ingresos disminuye cuando se compara con el de los trabajadores en actividad. Aumentar solamente a quienes menos ganan no sólo provoca un gran desaliento para sumar nuevos adherentes a un sistema que no otorga beneficios en relación con los aportes realizados, sino que tiene el efecto de achatar hacia abajo la pirámide de ingresos de la clase pasiva. Siguiendo esta política, en los últimos cuatro años se revirtió la relación que existía en el sector pasivo: en 2001, un 25 por ciento de los jubilados percibía la mínima; hoy ese nivel se acerca al 70 por ciento.

La presión que se produce cuando los sueldos permanecen estancados mientras crece el costo de vida intensificó los reclamos planteados por vía legal ante la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Las presentaciones son tanto por haberes mal liquidados desde la iniciación del cobro del beneficio, como porque no se cumple con la obligación de la movilidad salarial sustentada en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El camino judicial de los reclamos es largo y de resolución imprevisible por cuanto, aunque el litigio haya tenido sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, su cumplimiento efectivo puede seguir demorándose indefinidamente. De ahí que quienes se encuentran en esa condición hayan debido acudir a otros recursos legales, como el amparo judicial.

Cabe mencionar en este punto el fallo del máximo tribunal de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 de la ley 24.463, que ordenaba llevar hasta las últimas instancias los reclamos por reajustes jubilatorios. De esa manera, se ha acelerado en la actualidad el curso judicial de los litigios. La realidad del destino de las demandas judiciales se contrapone con las declaraciones frecuentes del director ejecutivo de la Anses, Sergio Massa, quien ha afirmado que las deudas pendientes del organismo quedarían saldadas en el primer trimestre de este año para luego ir evacuando un promedio de 1500 expedientes mensuales con sentencia firme más reciente.

Las explicaciones respecto de las obligaciones incumplidas han apelado a menudo a la aparente falta de presupuesto. Sin embargo, se ha podido verificar que el Poder Ejecutivo ha desviado partidas millonarias, como ocurrió en 2004, para financiar la compra de fuel oil a Venezuela, paliar la crisis energética y abonar al Paraguay una deuda por obras en la represa de Yacyretá.

La Anses constituye un organismo crítico que revela las contradicciones entre la legislación existente y su incierta vigencia en la realidad. El recurso legal adecuado tiene costos y un tiempo prolongado para dar frutos. Y tiempo es, precisamente, cuanto menos posee el jubilado. La postergación en el cumplimiento de sus expectativas por parte de las autoridades nacionales no sólo resulta injusta; es, en la mayoría de estos casos, hasta maliciosa.

¿Cuándo será la oportunidad de poner el problema en vías de una solución que haga realidad lo que la Justicia, la ley y la equidad establecen ? Contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados no sólo es una obligación moral, sino una urgencia que adquiere particular relevancia cuando el aumento del costo de vida erosiona sus magros ingresos.

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