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La desconfianza en la Justicia

Una reciente medición acerca del índice de confianza en la Justicia (ICJ) en la franja de edades comprendida entre los 18 y los 29 años arrojó un resultado negativo, ya que los jóvenes la consideraron poco o nada confiable en materia de honestidad (el 89 por ciento), de imparcialidad (el 86 por ciento) y de eficiencia (el 85 por ciento).

Esos porcentajes son producto de una investigación que vienen desarrollando el Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (Fores), la Fundación Libertad y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella.

En la encuesta aplicada también se preguntó si los interrogados recurrirían a la Justicia ante un conflicto concreto y sólo en un 66 por ciento de los casos contestaron afirmativamente. Aunque este porcentaje se acerca más a lo deseable, tampoco es satisfactorio.

Hay mejoría en el juicio que merece el Poder Judicial en las respuestas de la sociedad adulta y, de manera más notoria, en quienes residen en el Gran Buenos Aires. En cambio, hay mayor desconfianza en los encuestados de las ciudades de Córdoba, Mendoza y Rosario. Otro dato de interés es que las mujeres confían más que los hombres en la administración de la justicia.

Esta percepción social del funcionamiento del Poder Judicial es preocupante, pero no sorprende. Las creencias que movilizan a los grupos humanos derivan de la educación recibida y de las experiencias emocionales que se hayan vivido en los procesos de interacción social. El juicio de valor sobre la Justicia en nuestro país ha recibido durante las últimas décadas el embate de muchos hechos que han alterado la confiabilidad en las instituciones. Podría decirse que nada ha faltado para generar desconfianza, tanto en los comportamientos políticos como judiciales. Y seguramente el desorden público, del cual nos hemos ocupado mucho, es probable que incida en este lamentable resultado.

Es bien sabido -aunque a menudo olvidado- que la vida social requiere la existencia de reglas de conducta claras y estables que permitan prever acciones y respuestas. Así, también, se esperan sanciones que reaseguren la vigencia de las leyes cuando éstas no son respetadas. Esa arquitectura normativa bien aplicada es la que afirma la creencia en un valor tan alto y digno como la justicia. Cuando no ocurre así, la confianza se socava y se desalienta la esperanza en el ejercicio de una justicia honesta, imparcial y eficiente.

La comprobación de esa realidad decepcionante debe mover a reparar una confianza indispensable para la organización y funcionamiento del Estado y la vida social. De lo contrario, cada vez se pondrá más en riesgo el conjunto de convicciones que hacen posible creer y sostener nuestra concepción democrática, fundada en un juego armónico y equilibrado de los tres poderes, entre los cuales al Poder Judicial le compete una permanente vigilia acerca de las normas constitucionales y las leyes que rigen en la Nación.



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