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Una limitación al poder político

Por Rosendo Fraga Para LA NACION

De acuerdo con la lógica política, Ibarra no podía ser destituido. Tenía el apoyo del Presidente. Contaba con el respaldo de medios de comunicación muy importantes que defendieron su causa. Cinco sondeos difundidos en los últimos días daban una clara mayoría de porteños en contra de su destitución. A ello se agrega que el pasado viernes logró una movilización de 20.000 personas, que en la Argentina de hoy significa una ventaja política importante. Bastaba que el oficialismo nacional lograra que uno de los diez legisladores que lo destituyeron se abstuviera para que continuara en el cargo.

Pero todo este gran apoyo político fue neutralizado por la presencia de los padres de Cromagnon, cuyo testimonio impidió que el notorio respaldo de las estructuras políticas y de poder tradicionales pudiera mantener a Ibarra en su cargo.

En los hechos, la caída de Ibarra implica una limitación al poder de las estructuras políticas y muestra cómo fenómenos sociales de personas muy comprometidas pueden torcer decisiones políticas relevantes. En lo institucional, se pone de manifiesto que la institución del juicio político está funcionando cada vez más en la Argentina.

Cabe recordar que durante la administración Kirchner, por primera vez en la historia argentina se llevaron adelante juicios políticos contra miembros de la Corte, removiéndolos. El funcionamiento de esta institución, que está tanto en la Constitución Nacional como en la mayoría de las provinciales, no puede asimilarse a un "golpe institucional", como plantearon los defensores de Ibarra. De ser así, debería ser eliminado de los textos constitucionales. En todo caso, golpe institucional sería la caída de De la Rúa, precipitada por hechos violentos en las calles que le hicieron perder el poder y éste fue transferido a sus sucesores institucionales.

En lo inmediato, Jorge Telerman queda como jefe de gobierno hasta la finalización del mandato y es posible que se transforme en la alternativa del oficialismo nacional para enfrentar a Macri en las elecciones porteñas de 2007.

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En cuanto a la oposición, ha hecho una demostración de fuerza, poniendo en evidencia que puede llegar a sumar sectores de orientación ideológica muy diferente. Cabe también la conjetura de si una gestión agónica de Ibarra hasta el final del mandato no hubiera sido un escenario electoral más favorable para un candidato de la oposición que una nueva a cargo de Telerman.

Pero la destitución de Ibarra y sus consecuencias deben ser analizadas también en el contexto político muy particular que es el de la ciudad de Buenos Aires, donde históricamente las conductas suelen ser diferentes de las del resto del país y los gobiernos nacionales, paradójicamente débiles, como una vez más lo demostró la elección de octubre último, en la que el oficialismo nacional quedó en tercer lugar.

El autor es director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
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