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La deuda con los jubilados

La crisis del sistema jubilatorio que nuestro país arrastra desde hace décadas, a causa de pésimas administraciones y porque las cajas previsionales han sido vaciadas, no sólo se profundizó en los últimos años, sino que cada día es más alarmante la pérdida del poder de compra de sus beneficiarios. El antiguo régimen de reparto quebró porque sus recursos excedentes se emplearon para financiar el déficit fiscal creciente. Pero también porque el crecimiento del número de beneficiarios respecto del de aportantes hizo desaparecer los excedentes de recursos y el sistema debió suplementarse con fondos provenientes de las rentas generales de la nación.

El sistema de capitalización, que debía proteger los ahorros de los trabajadores y contribuir a desarrollar un mercado de capitales para la inversión productiva, se desvirtuó cuando la insolvencia fiscal llevó al Gobierno a retomar las nefastas prácticas del pasado. En efecto, echó mano a los fondos de los futuros jubilados por medio de la colocación compulsiva de títulos públicos, que debían adquirir las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. El default hizo lo demás, al afectar el valor de esos ahorros.

Uno de los indicadores más importantes del progreso de una sociedad es el grado de cobertura previsional de su población, tanto en lo referido a la proporción de los habitantes incluidos en el sistema, como al bienestar y seguridad económica que éste proporciona a los beneficiarios. En el primer aspecto, el déficit de nuestro país es enorme y cuando se vislumbra el futuro el panorama es igualmente desolador: en el 39 por ciento de los hogares argentinos hay algún asalariado que no aporta al sistema previsional en cualquiera de sus modalidades.

En los próximos 20 años, el porcentaje de las personas en edad de jubilarse que percibirá algún beneficio disminuirá a la mitad. Este cuadro severo es el resultado del alto desempleo y de la informalidad laboral que se ha extendido desde fines de los años setenta. En el sector privado, el 40 por ciento de los asalariados no está registrado. El número de autónomos que cotizan comprende sólo la cuarta parte del total, mientras que en el empleo doméstico el 95 por ciento está en negro.

La seguridad social sostenida por el régimen público depende en gran medida de los recursos del Tesoro y la canalización de los nuevos aportantes hacia el régimen de capitalización profundizará esta dependencia. Las contribuciones de la seguridad social financian sólo el 40 por ciento de los gastos del régimen público. Esto significa que el resto se financia con impuestos abonados por todos los ciudadanos, sean trabajadores o no, registrados en la seguridad social o no. El 40 por ciento más pobre de los hogares, donde tres de cada cuatro personas activas están desocupadas o trabajan en negro, contribuye con más de 1000 millones de pesos por año con el pago de sus impuestos (IVA, combustibles y gas) a financiar un sistema de seguridad social al que no tiene acceso. En contrapartida a esta aparente inequidad, se puede pensar que aquellos que carecen de resguardo previsional en el futuro demandarán recursos públicos cuando dejen de estar en condiciones de trabajar.

Otra clara situación de inequidad se refiere a los haberes de los beneficiarios. Los 3.300.000 jubilados y pensionados del régimen de reparto aportaron creyendo que obtendrían un ingreso proporcional a sus aportes, pero no ha sido así. El haber medio (438 pesos en marzo, último mes con información disponible) equivale apenas al 40 por ciento del salario en actividad. La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones en la crisis ha sido sensiblemente mayor que la de los trabajadores activos del sector formal del que provienen. En marzo de este año el haber medio real de los pasivos era el 19 por ciento inferior que en diciembre de 2001. La situación no ha cambiado mucho en los meses recientes.

La política oficial de recuperación se ha centrado en elevar la jubilación mínima, manteniendo congeladas las más altas. De este modo, se ha igualado para abajo: en 2001 no más de 500.000 jubilados percibían el mínimo; hoy son 2.000.000 los que están en esa situación. Esto coloca a la mayoría de los jubilados y pensionados en la pobreza; el insuficiente haber mínimo de 390 pesos vigente desde septiembre es casi igual al costo de la canasta de pobreza para un matrimonio de mayores de 65 años.

La escalada de la inflación en lo que va del año ha provocado un severo daño en los ingresos de los jubilados y de los sectores de pobreza e indigentes. El costo de la canasta básica llegó en octubre a 373,08 pesos, acumulando una suba del 11,4 por ciento en lo que va del año.

Para no ser considerada pobre una familia tipo debe contar hoy con ingresos mensuales de 809 pesos. La situación de los jubilados, que sufren las consecuencias de la corrupción, malas administraciones y de los efectos de una economía que funciona con un amplio mercado informal, debe ser atendida con urgencia. Porque contribuir a mejorar la calidad de vida de los jubilados es una obligación moral que no debe demorarse más.

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