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Nuestros abuelos, rehenes del delito, por Eugenio Burzaco, para LA NACION

Si hay un tema en el cual toda la experiencia criminalística del mundo coincide es en que la simultaneidad entre crisis de las instituciones, descomposición social, espiral ascendente del uso de estupefacientes e impunidad tiene como consecuencia la aparición de modus operandi delictivos de excepcional barbarie y alevosía.

Así sucedió en China durante el protectorado inglés y la "guerra del opio", a principios del siglo XX; en la Sicilia de la omertà; en los Estados Unidos de los años 30, durante el imperio de las mafias, y en innumerables ocasiones históricas sin distinción de geografía. Sucede hoy en nuestro país y quiero ilustrarlo específicamente con un solo tema que me indigna y moviliza profundamente.

La impunidad con que actúan los delincuentes y la inacción del Estado han provocado, entre otros resultados nefastos, que éstos se ensañen especialmente, como lo hacen todos los cobardes, contra los más débiles, con los ancianos. Hace ya más de dos años que casi a diario, en todo el país, se asalta, se tortura con saña y se mata a personas muy mayores de edad para sacarles sus ahorros. Ahorros grandes o mínimos, pero casi siempre escondidos en sus casas, por un lado por el temor de pasadas confiscaciones que los sumieron en el desamparo o simplemente porque la mayoría de las veces ya no tienen capacidad para desplazarse hacia un banco.

En lo que va de 2005 ya son más de treinta los ancianos asesinados brutalmente por los delincuentes en ocasión de robo. Recientemente, en un mismo día, una mujer de 77 años fue robada y estrangulada en Merlo y en Mar del Plata una anciana de 80, torturada con una plancha para que confesara dónde tenía sus dineros.

Los trágicos episodios aparecieron en los diarios con una información de cuatro centímetros –ya que, por habituales, no merecieron más espacio– y ninguna acción conducente del Estado. Al día siguiente, la televisión nos mostró a otra anciana desfigurada a golpes con el mismo objetivo y al otro día, en plena ciudad de Buenos Aires, dos ancianos asaltados, con los cráneos destrozados por objetos contundentes y heridas producidas con pinzas de cortar cables provocaron un nuevo estremecimiento, pero muy probablemente todo seguirá igual. No para mí.

Desde mi especialidad en seguridad pública he decidido hacer de este tema una prioridad. Y no lo afirmo sólo como reacción a la información que nos dan los medios, que a su vez son un pálido reflejo de lo que está sucediendo en temas de seguridad, si tenemos en cuenta que se denuncia sólo el 30% de los delitos que se cometen. Lo he vivido de cerca. Entre mis allegados, el abuelo paterno de mi prima, de 90 años, un inmigrante español que trabajó duramente toda su vida, fue asaltado junto con su esposa y torturado, le fueron arrancando los dientes para que dijera dónde escondía el presunto dinero de sus ahorros. El pobre hombre se ahogó con su propia sangre y su corazón no resistió. Como él, nos enteremos o no, docenas de ancianos en todo el país son el blanco reiterado de la rapiña y la crueldad de los delincuentes.

Me pregunto cuánta negligencia hemos tenido como sociedad para que se acrecentara a tal punto el número de personas desalmadas y cuánto deberemos trabajar para revertir esta condición. Pero sin duda, una de las consecuencias por la cual este tipo específico de criminalidad se ha convertido en habitual es porque son delitos casi sin riesgo. Los delincuentes conocen el grado de indefensión de las víctimas, que, aun si sobreviven al episodio, no estarán en condiciones físicas ni emocionales de testimoniar contra ellos.

Muchos de los ancianos que aún no han sido presa de los vándalos ya se han convertido en sus rehenes. Aterrados, se encierran en sus casas bajo diez candados ante la sola posibilidad de ser los próximos en la mira. Saben que desde el Estado nadie parece hacerse cargo, quizá porque los "viejitos" no tienen capacidad de protesta colectiva ni participación política; porque no hay una política de prevención ni contención de las causas de la violencia y tampoco una legislación eficaz para castigar y terminar con delitos de barbarie que difícilmente tienen testigos directos. No podemos dejarlos un minuto más solos frente a esta situación.

Mi primera acción legislativa, desde el lugar donde me ha puesto la confianza de los ciudadanos para representar sus intereses, será presentar el pedido de sanción de una ley durísima, urgente y específica, contra las acciones criminales hacia personas de la tercera edad, su abandono o sometimiento a condiciones inhumanas. Deberíamos pensar en incorporar como agravantes, al igual que se hizo con los secuestros, el hecho de que los delitos sean cometidos en contra de una mujer embarazada, de menores de 18 años o de mayores de 70 años. Ellos son los más desprotegidos y por eso la ley debe brindarles una protección especial.

No se trata de delitos que pueden esperar; en realidad ningún delito debería esperar los tiempos habituales de nuestra justicia (en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, están dando fecha para un juicio oral para el año 2009), pero en este caso específico, hacia los que ya están en la cuenta regresiva de la vida y con quienes la sociedad sólo puede reconocer deudas, menos todavía.

Por eso también deberían impulsarse mecanismos de juicios sumarios y rápidos para casos de flagrancia, de modo que cuando llegue la justicia no sea demasiado tarde. Un antiguo proverbio dice: "Los pueblos que no cuidan de sus mayores carcomen las raíces del árbol que los sostiene". Los argentinos que creemos en la dignidad de la persona humana no podemos continuar asistiendo indiferentes a la reiteración de estos hechos. El autor es diputado nacional electo (Pro).

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