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El Gobierno impulsa cambios para reducir la Oficina Anticorrupción

Dicen que es para hacerla más eficiente. Pero hay quienes temen por su futuro.

Gerardo Young. gyoung@clarin.com

La agenda 2006 del Gobierno incluye, se sabe, la intención de modificar el Consejo de la Magistratura. Pero no es la única reforma prevista en el terreno judicial. El ministerio de Justicia dispuso también una reestructuración integral, algunos creen que va camino a su desintegración, de la Oficina Anticorrupción.

La decisión de esta reforma fue comunicada a los miembros de la Oficina Anticorrupción (OA) antes de la pasada Navidad, por el ministro de Justicia Alberto Iribarne. Fuentes de ese ministerio reconocieron la existencia del plan a Clarín y aseguraron que los cambios "apuntarán a hacer de la Oficina un organismo más eficiente".

Un hecho puntual, sin embargo, provocó preocupación dentro de la OA sobre el futuro del organismo. En diciembre, de imprevisto Iribarne decidió suspender el nombramiento de cuatro funcionarios clave de la Oficina.Esos funcionarios hoy están trabajando por contratos y están a cargo de cuatro de las cinco unidades de investigaciones de la OA. ¿Está entre las reformas la posibilidad de que la OA deje de investigar? En Justicia, por ahora, negaron esa posibilidad. "Lo que hay que hacer es convertirla en más eficiente",

La Oficina Anticorrupción fue creada por la Alianza en 1999, en el ministerio de Justicia, y tiene dos funciones: definir políticas para prevenir hechos de corrupción y, al mismo tiempo, investigar y denunciar delitos dentro de la administración pública.

Según las fuentes consultadas, el área de prevención de la Oficina no está bajo análisis ni en duda su continuidad. La reforma apunta a la Dirección de Investigaciones, cuyo registro estadístico no muestra demasiada efectividad: recibió ya 5000 denuncias, elevó a a la Justicia 1532 denuncias penales, pero no logró todavía una sola sentencia. Claro que la falta de resultados no es sólo responsabilidad de la OA, sino también de la cuestionada justicia federal porteña, encargada de investigar hechos de corrupción en el Gobierno.

Entre las denuncias de la Oficina hubo, en estos últimos años, desde causas sobre supuesto enriquecimiento de ex funcionarios hasta pedidos de indagatoria de algunos funcionarios actuales, como el jefe del Ejército, Roberto Bendini, por malversación de fondos.

Sin embargo, la denuncia que provocó más revuelo dentro del actual Gobierno fue una presentación hecha en el 2004 por el anterior jefe de la OA, Daniel Amorín, que reveló decretos secretos del Poder Ejecutivo, firmados desde 1996 y hasta los primeros meses de la gestión Kirchner, que se usaron para desviar fondos del presupuesto a las cajas secretas de la SIDE.

Luego de esa denuncia, Amorín abandonó la Oficina y fue reemplazado por Abel Fleitas, ex secretario de justicia y hombre cercano al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, mencionado en esa denuncia.Aunque la Oficina mantiene hoy un importante ritmo de recepción de renuncias —casi 600 por semestre—, también es cierto bajó la intensidad de las denuncias que deriva a la Justicia.

De las más de 1.500 enviadas en los últimos cinco años, sólo 78 corresponden al último semestre. Otro dato que también resulta significativo: cada vez son menos las denuncias que llegan desde el propio Gobierno. En el 2001, el 18% de las denuncias que llegaban eran derivadas por otros ministerios.

Hoy, apenas el 6% de las denuncias tienen su origen en funcionarios del Gobierno, según se desprende de las estadísticas oficiales de Justicia.Desde que se hizo cargo de la Oficina, Abel Fleitas anunció su intención de poner el eje en la evolución de las denuncias, para lograr alguna sentencia condenatoria y evitar que las causas queden en la nada y prescriban.

Puede estar aquí una de las claves de la reforma. En lo que queda del 2006, diez causas impulsadas por la OA llegarán a instancia de juicio oral. La intención de Fleitas, según dicen en Justicia, es crear un cargo ejecutivo para que cumpla un rol activo en esos juicios. Lo que no explica es porqué entonces se suspendió el nombramiento de cuatro de los cinco principales investigadores de la Oficina. La respuesta quizá se conozca junto con la reforma.