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Prescripción penal y justicia real

Es sabido que la prescripción es una institución jurídica según la cual, si los derechos no se ejercen durante un período determinado, la inacción trae como consecuencia su extinción. Persigue como fin la paz social, al evitar que las personas se sientan amenazadas por tiempo ilimitado por reclamos judiciales, justos o no, que puedan afectar su libertad o su patrimonio. Como tal es perfectamente válida y existe en todos los ordenamientos jurídicos del mundo.

Sin embargo, si bien esto puede ser aceptable en materia de derecho privado, en materia penal presenta, en algunas ocasiones, características irritantes para el ciudadano común y críticas de muchos letrados especialistas en el tema. Basta analizar la realidad de la experiencia que todos hemos tenido al abrir el diario una mañana y advertir que se ha declarado la prescripción de la acción penal en una causa que, por sus características, entendíamos especialmente importante que se resolviera mediante una sentencia, condenatoria o de absolución, pero con un fallo que analizara y juzgara sobre la conducta de los participantes. Pero no una resolución que exprese que habiendo transcurrido los plazos del artículo 62 del Código Penal se declara prescripta la acción penal en la causa.

Es lo que acaba de ocurrir, en las causas judiciales de Kheyvis y del Paseo de la Infanta. En la primera, iniciada contra el dueño del local -convertido en una trampa sin salida de fuego y humo, con numerosos muertos y heridos- y de la inspectora municipal encargada de supervisarlo. En la segunda, abierta por la caída de una estatua que mató a una niña, con el agravante de que en este caso les impusieron las costas del juicio a los padres. Ambas causas, de fuerte repercusión pública, terminaron con la absolución de los presuntos responsables por la prescripción de la acción penal. Años de actuaciones penales e investigaciones, desvelos y angustias de los parientes e interesados, caen bruscamente, sin sanción para nadie, lo cual deja una sensación de impunidad e injusticia mayúsculas, que es precisamente lo contrario de lo que se esperaba de la Justicia.

Hay quienes sostienen que el perverso sistema sirve a los malos magistrados que tienen causas "incómodas", que son prolijamente "cajoneadas" hasta que terminan por prescribir. Otros sostienen que son los abogados, que no quieren modificar la norma, pues, mediante artilugios procesales, consiguen demorar las causas, especialmente aquellas donde sus clientes difícilmente salgan indemnes, hasta que se produce la prescripción y logran así su propósito. Recientes reformas y fallos en materia procesal penal pusieron la iniciativa del proceso en manos de los fiscales, quitándoles a las víctimas la posibilidad de impulsar válidamente el proceso e impedir que se produzca la prescripción. Parecería lógico revisarlos con urgencia.

Entre las soluciones propuestas, se destacan, por un lado, la necesidad de devolver a las víctimas y a los querellantes la autonomía para impulsar el proceso, mediante los actos conducentes que sean lo más simples posibles, y que impliquen hacer avanzar la investigación o los trámites judiciales; por otro, establecer que en toda causa que finalice por prescripción, previamente a su cierre, se abra una investigación sobre la actuación del juez a cargo del proceso, para comprobar si el transcurso del tiempo ha sido por negligencia del juzgado, y que se lo considere antecedente de mal desempeño en la función. La modalidad de la reforma es un tema de especialistas, pero la indignación por la prescripción de éstas y otras causas -y la sospecha que tiene la opinión pública de las próximas que vendrán- es un tema ciudadano e institucional de primer orden, ya que es imposible progresar en la confianza en la Justicia si existen normas como éstas que precisamente la niegan en forma flagrante. Los miembros del Poder Legislativo deberían tomar la iniciativa frente a cuestiones tan graves como las descriptas, para que no vuelvan a repetirse dejando a los argentinos una sensación de injusticia.

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