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Recurrir a La Haya es un error

Por Leopoldo Moreau Para LA NACION

Las industrias no contaminan. Sí contaminan algunos industriales. Por eso, los poderes públicos intervienen para impedirlo o para ponerles límites razonables, que conjuguen industrialización con preservación del medio ambiente, una síntesis frecuentemente conflictiva.

En el caso de la instalación de las papeleras en Fray Bentos está en juego qué poder público interviene y cuál es el límite de razonabilidad que impone. La República Oriental del Uruguay reclama por su soberanía plena en la toma de decisiones respecto de inversiones en su país. La Argentina aduce que por el carácter binacional del curso del río Uruguay esa esfera de resolución tiene carácter compartido.

El verdadero problema al que nos enfrentamos es que el eje de la disputa nunca debió desplazarse de una causa ambiental hacia una causa nacional. Esta afirmación vale tanto para uruguayos como para argentinos.

La Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú tiene su razón de ser en el ejercicio del derecho de una comunidad a preservar su entorno, pero nadie le impone la obligación de dictar la política exterior de la Nación. Las decisiones en este plano son responsabilidad indelegable del Gobierno y las consecuencias de sus actos no deben ser atendidas alentando el pensamiento mágico, sino, más bien, favoreciendo el pensamiento estratégico.

En este sentido, hay que señalar que acudir a la Corte Internacional de La Haya -además de su dudosa eficacia- es un nuevo fracaso para el proceso de integración regional. No es cierto que no existan mecanismos regionales más aptos e incluso más acotados al tema en cuestión, que evitarían sacar del ámbito del Mercosur esta controversia.

No es la primera vez que entre nuestros países se plantean conflictos por el impacto ambiental a raíz de emprendimientos en espacios comunes. En el pasado ocurrió con las represas que construyó Brasil en el Alto Paraná. Se repitió con la construcción de Salto Grande. Se asumieron riesgos para la subsistencia de peces; se inundaron poblados; se lentificó el curso de aguas, lo que, entre otros efectos, propagó la esquistosomiasis; hubo erosión hídrica como consecuencia de los cambios en la sedimentación de los ríos.

En ningún caso la solución a estos conflictos se buscó por fuera del marco bilateral o regional. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Es razonable que la cuestión medioambiental se limite sólo a dos papeleras sobre el río Uruguay? Esta problemática está presente en toda la Cuenca del Plata, que abarca 3.100.000 metros cuadrados.

Ahí está el meollo del problema, que dispara interrogantes que deben ser discutidos a cara descubierta con los habitantes de Gualeguaychú, para que su legítima demanda se compatibilice con el interés nacional y regional.

Si vamos a La Haya, ¿no corremos el riesgo de que, con los mismos fundamentos de la presentación, Paraguay -socio natural de Uruguay en el marco del Mercosur- plantee igual daño en el río homónimo por la contaminación de las papeleras argentinas instaladas en el Alto Paraná?

¿Es conveniente apelar a este recurso teniendo en cuenta que algunos países desarrollados pretenden declarar el Acuífero Guaraní -uno de los mayores reservorios de agua dulce del mundo- reserva de la humanidad, para sustraerlo de la soberanía de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sentando el precedente de la impotencia regional para resolver diferendos en nuestros cursos de aguas comunes?

Los interrogantes podrían ampliarse aún más: ¿no estaremos favoreciendo las fuerzas que, hacia el interior de Paraguay y Uruguay, predican que el Mercosur no sirve a estas naciones? ¿No estaremos empujando a estos países a firmar tratados de libre comercio o a favorecer asentamientos militares con potencias extra Mercosur?

Vale la pena detener esta escalada y reflexionar sobre las respuestas a estos interrogantes. Hay un instrumento regional disponible para abrir un diálogo multilateral. El Tratado de la Cuenca del Plata, suscripto el 23 de abril de 1969 en Brasilia por los cinco países signatarios (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) que integran ese sistema, es la herramienta más apta para encarar el diferendo.

En este protocolo se prevén normas para la preservación del medio ambiente en las denominadas subcuencas; entre ellas, la del río Uruguay. Además, ese tratado contempla reuniones periódicas de los cancilleres, para fijar el contenido de sus programas y las acciones del organismo.

Por otra parte, en su artículo tercero, se dispuso la creación del Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata, integrado por un representante de cada nación con la plenipotencia necesaria para tomar decisiones que comprometen a los Estados. A ellos se agregan los denominados "representantes especialistas" (técnicos), que, entre otras materias, atienden los temas medioambientales. En estos días la secretaría general de este órgano esta en manos del delegado de Brasil.

Aquí hay, entonces, un espacio común, regional, idóneo, legítimo e inmediato, que puede servir para encauzar y superar esta controversia, que sabemos dónde empezó pero no dónde puede terminar. Los cancilleres de la Cuenca del Plata deben reunirse urgentemente y, visto que el Congreso Nacional fue llamado a debatir esta cuestión, se debe alentar este camino para volver a poner a cada actor en su papel, un paso previo e imprescindible para arribar a una solución.

El autor fue presidente de la Comisión del Mercosur y de la Cámara de Diputados de la Nación. http://www.lanacion.com.ar/784190