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La información, en sombras

Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de Acceso a la Información. Es imprescindible que para el nuevo año legislativo se remuevan los obstáculos para poder obtener datos que están en manos del Estado.

Roberto Saba. Jurista, Director Ejecutivo Asociación por los Derechos Civiles

Un padre quiere saber cuál es la evaluación que hace el Ministerio de Educación de la escuela a la que enviará a su hijo. Un experto en salud quiere conocer estadísticas para saber si ha habido progresos en las políticas públicas sobre esas materias. Un vecino quiere saber si la empresa que se ha instalado cerca de su casa puede generar daños al medioambiente que afecten su calidad de vida. Una víctima de la represión estatal durante la dictadura, un historiador o un periodista quieren saber la verdad de lo ocurrido. Un empresario quiere saber a quién le compra el Estado y a qué precio para ofrecer sus productos o servicios de forma competitiva.

Todos estos son ejemplos reales de información que se encuentra en manos del Estado y que hoy no es sencillo (o posible) obtener. En muchos casos, no han podido hacerlo personas individuales, ONG, empresarios, periodistas, académicos, funcionarios de organismos internacionales dedicados al desarrollo, o incluso funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, diputados, diputadas o defensores del Pueblo. Las consecuencias de no contar con esta información son obvias.

Las formas de negar información desde el Estado son las habituales en una burocracia: el silencio eterno, el pedido de requisitos imposibles (o innecesarios) para solicitar la información, la elevación del costo de la reproducción de los datos, o la protección de la seguridad nacional, entre tantos otros.Las leyes de acceso a la información, habitualmente posibles de resumir en una docena de artículos breves, proveen ciertas reglas, plazos y presunciones que facilitan el acceso a la información que tiene el Estado en su poder y que cierran probables negativas o evasivas al cumplimiento de la obligación de respetar el derecho a la información rechazando el pedido.

La importancia de contar con información para poder tomar algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida (pública o privada) es una de esas cosas que apreciamos sólo cuando las necesitamos y no las tenemos. Quizá eso explique por qué los argentinos no han reaccionado con mayor vehemencia frente al hecho de que ayer, luego de casi seis años de trabajo de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores, periodistas y ONG, perdió estado parlamentario el proyecto de ley de Acceso a la Información que había aprobado la Cámara de Diputados en 2003 y que votó favorablemente luego de hacerle controvertidas modificaciones, la Cámara de Senadores en 2004.

La Cámara baja podría haber insistido con el proyecto original (con mayoría de dos tercios) o aprobado el muy criticado proyecto de los Senadores (con mayoría simple). Al no haber hecho ninguna de las dos cosas, vuelve a cero el proceso para contar con una ley que asegure reglas claras y efectivas para ejercer el derecho a la información en manos del Gobierno.

La pérdida de esta oportunidad puede, sin embargo, ser vista como el nacimiento de una nueva. Hoy son muchos más los que tomaron conciencia durante los últimos años de la importancia del derecho a la información. Juntos debemos compartir la esperanza de que el 1º de marzo de 2006, cuando empiecen las sesiones ordinarias del Congreso, se presente un proyecto consensuado de Libre Acceso a la Información Pública que sea aprobado en tiempo récord, demostrando que es real el declamado compromiso por la transparencia de nuestra dirigencia política.Un proyecto que contenga el mínimo común denominador de lo que una ley de este tipo debe ser. Que reconozca el derecho a toda persona sin que deba expresar el motivo por el que lo hace (el único motivo es que tenemos el derecho de "saber de qué se trata"), que el principio sea la publicidad de la información que se encuentra en manos del Gobierno y el secreto la excepción; que esas excepciones estén taxativamente expresadas en la ley; y que sean los jueces los últimos árbitros, en procesos rápidos, los que decidan las controversias entre los solicitantes y el Estado.

El acceso a la información no es parte de una plataforma política de derecha ni de izquierda. No es un derecho de los ricos ni de los pobres. Es una regla de juego básica de la democracia. Es un derecho humano que, además, nos sirve como instrumento para tener una mejor educación, una mejor salud, un mejor gobierno y un mejor mercado. La información es prerrequisito indispensable de la libertad de expresión y de la participación política. Sin ella, las personas no tienen forma de participar en la vida pública con conocimiento y fundamento sobre lo que deben decidir en una elección o en una audiencia pública.La información es fundamental para desarrollar nuestras vidas privadas y para ejercer nuestra ciudadanía.