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Oscuros acuerdos con el sindicalismo

Sorprende que un dirigente sindical que ha puesto en vilo a la sociedad en tantas ocasiones, liderando medidas de fuerza ilegales y cortes de rutas que obstaculizan el derecho constitucional a circular por el territorio nacional, goce de tanto predicamento en el gobierno nacional. Hugo Moyano, secretario general de la CGT y del gremio camionero, ha encabezado muchos actos de protesta que incluyeron episodios de violencia en los últimos tiempos. Llama la atención que la mayoría de las veces lo haya hecho ante la pasividad de las autoridades.

Mucho más, que desde el gobierno nacional se lo premie con cada vez más privilegios, a diferencia de otros sectores que, por el solo hecho de expresar sus disidencias, reciben reprimendas públicas por parte del presidente de la Nación. En agosto último, se comentó en esta columna editorial la resolución N° 435/05 de la Secretaría de Transportes, que establecía que las empresas de transporte de cargas por automotor se beneficiarían con un subsidio del Estado equivalente a las contribuciones patronales devengadas entre el 1° de julio del año último y el próximo 31 del actual.

Se cuestionó en aquella oportunidad que, además de un marcado favoritismo hacia un grupo de empresas que consagra una desigualdad, se tomara como criterio para definir las compañías beneficiarias su adhesión al convenio colectivo de trabajo N° 40 con el Sindicato de Camioneros, que lidera Moyano. De ese modo, el Gobierno le otorgó a este dirigente sindical un poderoso instrumento para cosechar nuevos suscriptores de su convenio laboral entre las empresas que quieran acceder a aquel ventajoso subsidio, además de la posibilidad de conseguir más afiliados para su entidad gremial.

Los privilegios otorgados a Moyano no terminarían ahí. De acuerdo con trascendidos periodísticos, el secretario general de la CGT y del gremio camionero, en poco tiempo más, podría manejar indirectamente la caja de las obras sociales, al existir avanzadas negociaciones para que el abogado Juan Rinaldi, allegado a Moyano, sea designado al frente de la Administración de Programas Especiales (APE). Este organismo gubernamental está encargado de repartir los subsidios que reciben las obras sociales sindicales, mediante la administración de un fondo de redistribución al que aportan los trabajadores con una porción de su contribución a la entidad a la cual se hallan afiliados.

Quienes conocen el sindicalismo argentino pueden dar perfecta cuenta de la importancia clave que tiene aquella oficina pública para las arcas de las obras sociales gremiales. Saben también que desde su conducción se pueden cometer a veces distintas arbitrariedades para favorecer a unos o perjudicar a otros de acuerdo con criterios políticos.

Por tales motivos, sería preferible elegir para la conducción de organismos como la APE a profesionales desvinculados de cualquier interés de tipo político o gremial. Del mismo modo, es de esperar que desde el gobierno nacional se desmienta cualquier sospecha sobre pactos oscuros con un sector del sindicalismo que en los últimos tiempos ha hecho de la extorsión una metodología prácticamente permanente.

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